La Coordinadora Ecologista Almeriense se ha dirigido a nuestras Autoridades con competencias en Urbanismo solicitándoles la aplicación estricta de la Ley ante todas las construcciones ilegales de nuestra Provincia y se muestra contrario a los “arreglos” que se están preparando entre los partidos políticos para hacer “legalizaciones masivas”.
La situación actual de muchos políticos encausados por corrupciones urbanísticas colapsa los juzgados. Son muchos años de denuncias ecologistas que caían en saco roto, pero el tiempo les ha dado la razón cuando la situación era ya insostenible y las corrupciones se desbordaban.
Pero ante la evidencia de una aparente “flojera” en la aplicación de la Ley por parte de la Junta de Andalucía, desde esta Organización Ecologista se han dirigido al organismo competente, o sea a la Consejería de Obras Públicas exigiendo que ya que es más que evidente la situación insostenible de corrupción total en todo lo relacionado con el urbanismo y ante los hechos y pruebas tan evidentes, lo único que cabe es la aplicación estricta y rigurosa de la Ley, “caiga quien caiga” apostillan con énfasis los ecologistas.
Desde la Coordinadora Ecologista Almeriense se señala que no están de acuerdo en seguir con la legalización de lo ilegal por la vía de los hechos consumados ya que consideran esta vía fruto de la connivencia de las propias administraciones con el fraude sumado a la incapacidad evidente y manifiesta para hacer cumplir la Ley, tanto por los propios ayuntamientos como por la propia Consejería de Obras Públicas.
Desde la Coordinadora Ecologista se dirigen, asimismo, a los perjudicados por la corrupción. Por un lado están los que tienen un permiso del Ayuntamiento, que es al que corresponde darlos, pero si este no lo ha hecho dentro de la Ley está obligado a pagar los prejuicios causados a los afectados, sobre esto hay que señalar que la Ley obliga al político o políticos, de una forma personal, a que sean ellos de su bolsillo los que paguen estas indemnizaciones, no de las arcas municipales, por lo que en estos casos se aconseja a los afectados la denuncia judicial directamente ya que los causantes van a dar todos los rodeos posibles para pagar sus equivocaciones. Por otro lado están los que han realizado las obras ilegales sabiendo perfectamente lo que hacían, aquí no cabe otra cosa que el derribo sin indemnización además de las multas correspondientes por infringir la Ley.
Desde la Coordinadora Ecologista Almeriense se añade que si de todos estos hechos no salen políticos encarcelados y miles de viviendas derribadas se evidenciará una total dejación en la aplicación de la Ley que derivará en situaciones de una grave alteración del Estado de Derecho.